La ciudad de la furia
Por Juan Carlos S. Claret Pool, Presidente Colegio Abogados Provincia de Osorno.
Hace no muchos años, en tiempos del estallido social, recuerdo que en redes sociales circuló que el metro Baquedano operaba como un centro de tortura. Masas de personas atacaron e incendiaron el exterior. La justicia demostró que no existía tal cosa.
También, por redes sociales circuló que un estudiante de medicina detenido en las protestas había sido violado por un Carabinero en un calabozo. Recuerdo que en redes sociales circularon versiones de testigos que aportaban detalles. Al final, se evidenció que fue todo un invento y esos supuestos testigos eran perfiles falsos o que fueron eliminados al poco tiempo.
Más al sur, en Panguipulli, un Carabinero dio muerte a un malabarista. Las calles se alborotaron y quemaron edificios de servicios importantes para la comuna. Al tiempo, la justicia demostró que el malabarista tenía machetes reales con los que atacó al Carabinero, quien fue absuelto por legítima defensa.
Pese a lo anterior, en menos de un mes, Osorno ha ajusticiado denuncias gravísimas que deberían ser investigadas con objetividad y calma, normalizando la justicia por mano propia en base a redes sociales. Esto debe llamarnos la atención.
Recordemos que las sociedades nos hemos dado el Derecho para que, por medio de sus instituciones, hagamos probable lo que sin ellas parece improbable: reglas, para que el fuerte no imponga su voluntad al débil; procesos, para que se sepa cómo se llega a una sentencia; tiempos, para que frente a un hecho impopular o escandaloso, la verdad sea hallada.
Cuando se supo lo del Hospital, hubo funas y protestas que incluso perjudicaron a personas que nada tienen que ver. Y más preocupante fue ver cómo las autoridades, salvo el Alcalde y un Core, salieron a exigir condenas sin procesos, en lugar de proteger que las instituciones funcionen libres de presiones.
Ahora, con la denuncia de un abuso en un colegio de la comuna, en lugar de esperar a conocer mayores antecedentes o hacer las consultas respectivas, apoderados se amontonaron en el frontis para esperar afuera al victimario: preliminarmente, sería un niño de 6 años. Este dato, inclusive debería cuestionarnos el lenguaje que usamos o si el presunto acto de ese niño, reprochable sin dudas, podría obedecer a hechos delictivos que esté sufriendo también. Pero aquello debe ser materia de investigación, lo que demanda tiempo.
En suma, si de verdad nos interesa la justicia, dejemos que las instituciones actúen y vigilemos que estas sean objetivas, profesionales y libres de injerencias externas. A lo mejor, así contribuimos mejor a que no haya impunidad.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
Hace no muchos años, en tiempos del estallido social, recuerdo que en redes sociales circuló que el metro Baquedano operaba como un centro de tortura. Masas de personas atacaron e incendiaron el exterior. La justicia demostró que no existía tal cosa.
También, por redes sociales circuló que un estudiante de medicina detenido en las protestas había sido violado por un Carabinero en un calabozo. Recuerdo que en redes sociales circularon versiones de testigos que aportaban detalles. Al final, se evidenció que fue todo un invento y esos supuestos testigos eran perfiles falsos o que fueron eliminados al poco tiempo.
Más al sur, en Panguipulli, un Carabinero dio muerte a un malabarista. Las calles se alborotaron y quemaron edificios de servicios importantes para la comuna. Al tiempo, la justicia demostró que el malabarista tenía machetes reales con los que atacó al Carabinero, quien fue absuelto por legítima defensa.
Pese a lo anterior, en menos de un mes, Osorno ha ajusticiado denuncias gravísimas que deberían ser investigadas con objetividad y calma, normalizando la justicia por mano propia en base a redes sociales. Esto debe llamarnos la atención.
Recordemos que las sociedades nos hemos dado el Derecho para que, por medio de sus instituciones, hagamos probable lo que sin ellas parece improbable: reglas, para que el fuerte no imponga su voluntad al débil; procesos, para que se sepa cómo se llega a una sentencia; tiempos, para que frente a un hecho impopular o escandaloso, la verdad sea hallada.
Cuando se supo lo del Hospital, hubo funas y protestas que incluso perjudicaron a personas que nada tienen que ver. Y más preocupante fue ver cómo las autoridades, salvo el Alcalde y un Core, salieron a exigir condenas sin procesos, en lugar de proteger que las instituciones funcionen libres de presiones.
Ahora, con la denuncia de un abuso en un colegio de la comuna, en lugar de esperar a conocer mayores antecedentes o hacer las consultas respectivas, apoderados se amontonaron en el frontis para esperar afuera al victimario: preliminarmente, sería un niño de 6 años. Este dato, inclusive debería cuestionarnos el lenguaje que usamos o si el presunto acto de ese niño, reprochable sin dudas, podría obedecer a hechos delictivos que esté sufriendo también. Pero aquello debe ser materia de investigación, lo que demanda tiempo.
En suma, si de verdad nos interesa la justicia, dejemos que las instituciones actúen y vigilemos que estas sean objetivas, profesionales y libres de injerencias externas. A lo mejor, así contribuimos mejor a que no haya impunidad.
Fuente información: Juan Carlos S. Claret Pool
