Contraloría inicia investigación especial en el SII por reavalúo agrícola y alzas en contribuciones
La Contraloría General de la República abrió una investigación especial en el Servicio de Impuestos Internos, tras denuncias por alzas desmedidas en las contribuciones territoriales de predios agrícolas reavaluados en 2024. La indagatoria fue solicitada por la diputada Paula Labra (RN) y será supervisada por auditores designados por el ente contralor.
El pasado 2 de abril, la Contraloría General de la República (CGR), a través de su División de Fiscalización del Departamento de Hacienda, RR.EE., Empresas y Presidencia, decretó el inicio de una investigación especial en el Servicio de Impuestos Internos (SII) por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reavalúo de bienes raíces agrícolas realizado por el organismo fiscalizador durante el año 2024.
La pesquisa, originada a partir de un requerimiento presentado por la diputada Paula Labra (Renovación Nacional), también fue respaldada por su correligionario, el diputado Frank Sauerbaum. La medida busca esclarecer las razones tras el aumento significativo de las contribuciones territoriales que han afectado a propietarios de predios rurales en distintas regiones del país.
Según se detalla en el oficio N° E53217/2025 de la Contraloría, los auditores Ricardo Courbies y Sergio Reyes fueron designados para llevar adelante la investigación, bajo la supervisión de Maximiliano Corral. El documento indica que los funcionarios actuarán “investidos de las facultades contempladas en la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”.
El organismo solicitó formalmente al SII entregar toda la información necesaria para el adecuado desarrollo de la fiscalización. Desde el Servicio de Impuestos Internos confirmaron que ya fueron notificados de la indagatoria y anunciaron que la primera audiencia con los fiscalizadores tendrá lugar la próxima semana. Asimismo, el servicio aseguró que pondrá a disposición todos los antecedentes requeridos para facilitar el proceso.
La información fue publicada originalmente en un artículo del periodista J.P. Palacios en El Mercurio, con fecha 17 de abril.
En los últimos meses, distintos actores del mundo agrícola han manifestado su preocupación por los resultados del reavalúo 2024. A través de cartas publicadas en medios de circulación nacional, como “El Mercurio”, así como en exposiciones ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se ha denunciado un incremento “excesivo” en las contribuciones derivadas de la actualización de los avalúos fiscales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la contribuyente María Eugenia Gajardo, quien relató que sus contribuciones se incrementaron en un 8.000% tras el proceso. Según estimaciones del sector agrícola, el reavalúo impulsó un alza promedio del 44% en los avalúos fiscales y de un 9,2% en el impuesto territorial trimestral.
El SII explicó ante el Congreso que la actualización de valores se realizó considerando los cambios experimentados por el sector silvoagropecuario desde el último reavalúo en 2020. Entre los factores señalados se cuentan la implementación de nuevas tecnologías, variaciones en la demanda interna y externa, y el uso más eficiente de los recursos.
Producto de las críticas y del impacto generado, el director del SII, Javier Etcheberry, solicitó la renuncia de la subdirectora de Avaluaciones, María Alicia Muñoz, quien lideró el proceso de reavalúo agrícola.
La diputada Labra valoró la decisión de la Contraloría: “No podemos seguir perjudicando a nuestros agricultores, menos por errores de funcionarios públicos. Esto genera que tengan que pagar contribuciones mucho más altas que lo que corresponde, además de perjudicarlos en otros ámbitos como la renta presunta”, declaró.
Para entender mejor
El pasado 2 de abril, la Contraloría General de la República (CGR), a través de su División de Fiscalización del Departamento de Hacienda, RR.EE., Empresas y Presidencia, decretó el inicio de una investigación especial en el Servicio de Impuestos Internos (SII) por presuntas irregularidades detectadas en el proceso de reavalúo de bienes raíces agrícolas realizado por el organismo fiscalizador durante el año 2024.
La pesquisa, originada a partir de un requerimiento presentado por la diputada Paula Labra (Renovación Nacional), también fue respaldada por su correligionario, el diputado Frank Sauerbaum. La medida busca esclarecer las razones tras el aumento significativo de las contribuciones territoriales que han afectado a propietarios de predios rurales en distintas regiones del país.
Según se detalla en el oficio N° E53217/2025 de la Contraloría, los auditores Ricardo Courbies y Sergio Reyes fueron designados para llevar adelante la investigación, bajo la supervisión de Maximiliano Corral. El documento indica que los funcionarios actuarán “investidos de las facultades contempladas en la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”.
El organismo solicitó formalmente al SII entregar toda la información necesaria para el adecuado desarrollo de la fiscalización. Desde el Servicio de Impuestos Internos confirmaron que ya fueron notificados de la indagatoria y anunciaron que la primera audiencia con los fiscalizadores tendrá lugar la próxima semana. Asimismo, el servicio aseguró que pondrá a disposición todos los antecedentes requeridos para facilitar el proceso.
La información fue publicada originalmente en un artículo del periodista J.P. Palacios en El Mercurio, con fecha 17 de abril.
En los últimos meses, distintos actores del mundo agrícola han manifestado su preocupación por los resultados del reavalúo 2024. A través de cartas publicadas en medios de circulación nacional, como “El Mercurio”, así como en exposiciones ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se ha denunciado un incremento “excesivo” en las contribuciones derivadas de la actualización de los avalúos fiscales.
Uno de los casos más emblemáticos es el de la contribuyente María Eugenia Gajardo, quien relató que sus contribuciones se incrementaron en un 8.000% tras el proceso. Según estimaciones del sector agrícola, el reavalúo impulsó un alza promedio del 44% en los avalúos fiscales y de un 9,2% en el impuesto territorial trimestral.
El SII explicó ante el Congreso que la actualización de valores se realizó considerando los cambios experimentados por el sector silvoagropecuario desde el último reavalúo en 2020. Entre los factores señalados se cuentan la implementación de nuevas tecnologías, variaciones en la demanda interna y externa, y el uso más eficiente de los recursos.
Producto de las críticas y del impacto generado, el director del SII, Javier Etcheberry, solicitó la renuncia de la subdirectora de Avaluaciones, María Alicia Muñoz, quien lideró el proceso de reavalúo agrícola.
La diputada Labra valoró la decisión de la Contraloría: “No podemos seguir perjudicando a nuestros agricultores, menos por errores de funcionarios públicos. Esto genera que tengan que pagar contribuciones mucho más altas que lo que corresponde, además de perjudicarlos en otros ámbitos como la renta presunta”, declaró.
Para entender mejor
- Contraloría General de la República (CGR): Organismo autónomo encargado de fiscalizar los actos de la administración pública, incluyendo a los servicios del Estado, como el SII. Tiene facultades para realizar auditorías e investigaciones especiales.
- Servicio de Impuestos Internos (SII): Institución pública encargada de la aplicación y fiscalización de los impuestos internos, incluyendo el reavalúo de bienes raíces y la determinación del impuesto territorial.
- Reavalúo agrícola: Proceso mediante el cual se actualiza el avalúo fiscal de los terrenos rurales. Esta cifra es clave para calcular el monto que deben pagar los propietarios por concepto de contribuciones.
- Renta presunta: Régimen tributario que se aplica a ciertos contribuyentes, principalmente del sector agrícola, donde el impuesto se calcula a partir del avalúo fiscal del predio y no sobre la base de ingresos reales.
- Ley N° 10.336: Norma que regula la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, y que otorga facultades para investigar y auditar a organismos públicos.
