Masacre en mina de oro de Pataz: hallan muertos a 13 trabajadores secuestrados en Perú
Trece trabajadores de la empresa R&R, que prestaban servicios para la minera Poderosa, fueron hallados sin vida tras haber sido secuestrados por una banda de mineros ilegales y criminales en la provincia de Pataz, región La Libertad, al norte de Perú. El hecho, que ha conmocionado al país y evidenciado la crisis de seguridad en las zonas mineras, ocurrió tras varios días de incertidumbre y desesperación por parte de los familiares de las víctimas.
Las víctimas, dedicadas a labores de seguridad y extracción en una mina artesanal vinculada a Poderosa, desaparecieron el 25 de abril. Según los reportes, los secuestradores exigieron un rescate de cuatro millones de soles a los familiares, quienes denunciaron la falta de acción y atención por parte de las autoridades en los primeros días del secuestro.
Los cuerpos fueron encontrados este domingo en un socavón de la mina, desnudos, maniatados y con signos de tortura. Según fuentes policiales y testimonios recogidos por medios locales, los trabajadores habrían sido ejecutados con armas equipadas con silenciadores, en lo que se presume fue un acto de represalia por parte de grupos criminales que buscan el control de la explotación aurífera en la zona.
La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al incremento de la violencia asociada a la minería ilegal y las mafias de extorsión. En los últimos años, la minera Poderosa ha denunciado ataques constantes, incluyendo emboscadas, derribo de torres eléctricas y asesinatos de trabajadores: solo en los últimos cuatro años, 39 personas vinculadas a la compañía han sido asesinadas por bandas criminales.
La empresa Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, lamentó la masacre y exigió al gobierno una intervención urgente para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que operan impunemente en la región.
El Ministerio del Interior de Perú anunció el despliegue de unidades de élite y equipos especializados para investigar el caso y capturar a los responsables, entre quienes se señala a Miguel Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", con antecedentes por homicidio y vinculación a otras masacres en la zona.
La masacre ha reavivado el debate sobre la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas mineras y la necesidad de formalizar la minería artesanal como medida para combatir la criminalidad. Mientras tanto, la comunidad de Pataz y los familiares de las víctimas exigen justicia y mayores garantías para quienes trabajan en el sector minero.
Fuente información: Agencia MI
Las víctimas, dedicadas a labores de seguridad y extracción en una mina artesanal vinculada a Poderosa, desaparecieron el 25 de abril. Según los reportes, los secuestradores exigieron un rescate de cuatro millones de soles a los familiares, quienes denunciaron la falta de acción y atención por parte de las autoridades en los primeros días del secuestro.
Los cuerpos fueron encontrados este domingo en un socavón de la mina, desnudos, maniatados y con signos de tortura. Según fuentes policiales y testimonios recogidos por medios locales, los trabajadores habrían sido ejecutados con armas equipadas con silenciadores, en lo que se presume fue un acto de represalia por parte de grupos criminales que buscan el control de la explotación aurífera en la zona.
La provincia de Pataz se encuentra en estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al incremento de la violencia asociada a la minería ilegal y las mafias de extorsión. En los últimos años, la minera Poderosa ha denunciado ataques constantes, incluyendo emboscadas, derribo de torres eléctricas y asesinatos de trabajadores: solo en los últimos cuatro años, 39 personas vinculadas a la compañía han sido asesinadas por bandas criminales.
La empresa Poderosa, una de las principales productoras de oro del país, lamentó la masacre y exigió al gobierno una intervención urgente para recuperar el control del territorio y erradicar las redes criminales que operan impunemente en la región.
El Ministerio del Interior de Perú anunció el despliegue de unidades de élite y equipos especializados para investigar el caso y capturar a los responsables, entre quienes se señala a Miguel Rodríguez Díaz, alias "Cuchillo", con antecedentes por homicidio y vinculación a otras masacres en la zona.
La masacre ha reavivado el debate sobre la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en las zonas mineras y la necesidad de formalizar la minería artesanal como medida para combatir la criminalidad. Mientras tanto, la comunidad de Pataz y los familiares de las víctimas exigen justicia y mayores garantías para quienes trabajan en el sector minero.
Fuente información: Agencia MI
