Caso Bernarda Vera: Familiares recibían compensación por presunta desaparición
El caso de Bernarda Vera, consignada en el Informe Rettig como víctima de violación a los Derechos Humanos, tomó notoriedad nacional luego de que un reportaje de televisión la ubicara presuntamente con vida en Argentina. La situación, que se encuentra judicializada, ha generado controversia en el mundo político, encendiendo nuevamente la discusión sobre el negacionismo y la condena transversal a la violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado.
El caso de Bernarda Vera, cuya familia recibía un recurso por estar consignada como detenida desaparecida en el Informe Rettig, ha generado una profunda conmoción y un intenso debate en el espectro político nacional. La persona, que figuraba en la nómina de víctimas, fue ubicada en Argentina por un reportaje de televisión. Si bien el caso está judicializado para determinar la veracidad de la identidad o si se trata de un tema de identidad, los antecedentes conocidos apuntan a que Vera, quien habría dejado a su hija al cuidado de su padre en Valdivia, habría formado otra familia en el extranjero, donde se negó a confirmar su identidad ante periodistas.
La investigación que llevó a la ubicación de Vera se enmarca en el Plan de Búsqueda, una política pública impulsada por el Gobierno para dar continuidad a los casos de detenidos desaparecidos. Se conoce que desde el primer semestre del 2024 se manejaba información sobre la posible fuga de Vera, debido a "testimonios discordantes". Sin embargo, el Estado no habría llegado a una conclusión definitiva, lo que sí lograron los periodistas.
Dentro de los antecedentes que manejaba el Estado se encontraba la solicitud de un nuevo pasaporte de una persona llamada Bernarda Vera ante la Embajada de Suecia. No obstante, existía una discordancia en la fecha de nacimiento (mismo día y mes, pero diferente año) y no se había entregado un RUT, lo que, según el Estado, impidió llegar a una información concluyente. Adicionalmente, una persona encargada de los seguimientos desde la PDI (Policía de Investigaciones) para estos casos, y que posteriormente renunció, aparece entrevistada en el programa que dio a conocer el hecho.
La antropóloga Nancy Carola Márquez señaló que el caso, más allá del detalle, es interesante por cómo el sistema político lo aborda, manifestando su preocupación por un "halo nuevamente" de negacionismo que cuestiona los hechos de violación a los derechos humanos en dictadura. En ese sentido, recordó que el Informe Rettig —comisión establecida para investigar los crímenes de lesa humanidad— se entregó en febrero de 1991. Dicho informe consignó un total de 2.279 víctimas de 3.400 denuncias, con el presidente Patricio Aylwin reconociendo en un discurso nacional la existencia de víctimas de violación a los derechos humanos.
El caso de Bernarda Vera, cuya familia recibía un recurso por estar consignada como detenida desaparecida en el Informe Rettig, ha generado una profunda conmoción y un intenso debate en el espectro político nacional. La persona, que figuraba en la nómina de víctimas, fue ubicada en Argentina por un reportaje de televisión. Si bien el caso está judicializado para determinar la veracidad de la identidad o si se trata de un tema de identidad, los antecedentes conocidos apuntan a que Vera, quien habría dejado a su hija al cuidado de su padre en Valdivia, habría formado otra familia en el extranjero, donde se negó a confirmar su identidad ante periodistas.
La investigación que llevó a la ubicación de Vera se enmarca en el Plan de Búsqueda, una política pública impulsada por el Gobierno para dar continuidad a los casos de detenidos desaparecidos. Se conoce que desde el primer semestre del 2024 se manejaba información sobre la posible fuga de Vera, debido a "testimonios discordantes". Sin embargo, el Estado no habría llegado a una conclusión definitiva, lo que sí lograron los periodistas.
Dentro de los antecedentes que manejaba el Estado se encontraba la solicitud de un nuevo pasaporte de una persona llamada Bernarda Vera ante la Embajada de Suecia. No obstante, existía una discordancia en la fecha de nacimiento (mismo día y mes, pero diferente año) y no se había entregado un RUT, lo que, según el Estado, impidió llegar a una información concluyente. Adicionalmente, una persona encargada de los seguimientos desde la PDI (Policía de Investigaciones) para estos casos, y que posteriormente renunció, aparece entrevistada en el programa que dio a conocer el hecho.
La antropóloga Nancy Carola Márquez señaló que el caso, más allá del detalle, es interesante por cómo el sistema político lo aborda, manifestando su preocupación por un "halo nuevamente" de negacionismo que cuestiona los hechos de violación a los derechos humanos en dictadura. En ese sentido, recordó que el Informe Rettig —comisión establecida para investigar los crímenes de lesa humanidad— se entregó en febrero de 1991. Dicho informe consignó un total de 2.279 víctimas de 3.400 denuncias, con el presidente Patricio Aylwin reconociendo en un discurso nacional la existencia de víctimas de violación a los derechos humanos.
Fuente información: Rocío Gambra
