Licencias médicas fraudulentas en el sector público y Fuerzas Armadas
La Contraloría General de la República, bajo la dirección de Dorothy Pérez, ha puesto al descubierto un masivo problema de licencias médicas irregulares que afecta a cerca de 25 mil funcionarios públicos en todo el país. La investigación, presentada ante la Comisión de Salud del Congreso, no solo abarca al sector público civil, sino que también se extenderá a Capredena y Dipreca, entidades que regulan al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Este hallazgo ha generado preocupación y un llamado a la acción por parte de diversas autoridades y analistas, quienes enfatizan la necesidad de una fiscalización más rigurosa y la restitución de los fondos públicos comprometidos.
El informe de la Contraloría detalla casos en los que funcionarios públicos han hecho uso de licencias médicas para viajar al extranjero, trabajar en otras actividades remuneradas o incluso para completar estudios fuera del país. En algunos municipios, como San Pablo, se han identificado al menos ocho personas que salieron del país estando con licencia médica. La Contralora Pérez, reconocida por su trabajo técnico y su apego a la legalidad, ha logrado estos avances mediante un cruce de información entre diversas bases de datos, utilizando las herramientas ya existentes en la legislación chilena. Este tipo de prácticas, calificadas como "micro-robos" o "robo hormiga" por algunos expertos, representan una pérdida significativa de recursos para el Estado, estimada en aproximadamente 300 millones de dólares, según el ministro Marcel.
Dorothy Pérez, quien asumió como la primera Contralora titular en 2024 tras un periodo como subrogante, ha sido elogiada por su labor en la detección de estas irregularidades. Su enfoque no ha sido crear nuevas normativas, sino aplicar y fortalecer las existentes para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. La investigación de la Contraloría no solo busca identificar a quienes han incurrido en estas faltas, sino también establecer mecanismos para la restitución de los dineros y, en los casos que corresponda, el cese de funciones de los involucrados.
La magnitud del problema se agrava al considerar que el Estado paga directamente el sueldo de los funcionarios públicos con licencia médica, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de ISAPRE o COMPIN. Esto implica que los fondos públicos están siendo directamente afectados por estas prácticas indebidas. Además, la Contraloría ha anunciado que esta fiscalización será un proceso anual y los resultados se harán públicos, lo que añade una capa de transparencia y presión para corregir el problema.
La discusión ha derivado en la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización interna. Se ha planteado la posibilidad de utilizar la geolocalización de celulares, con el consentimiento de los individuos y en casos justificados de reposo médico completo, para verificar si los funcionarios realmente cumplen con las condiciones de su licencia. No obstante, este tipo de medidas debe ser evaluado cuidadosamente para no vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, ya que enfermarse es un derecho y una parte ineludible de la condición humana.
La situación de las licencias médicas fraudulentas se inserta en un contexto de descontento ciudadano con la clase política y la gestión pública. La percepción de un "desconexión" entre los políticos y las necesidades reales de la ciudadanía se ha acentuado, lo que se manifiesta en la alta irritación expresada en redes sociales frente a estos casos. Ejemplos como el del ex jefe de Subtel, quien estuvo 22 meses en sumario y renunció antes de que se resolvieran las implicancias de sus licencias médicas, o el caso del alcalde de Macul, desvinculado del partido Republicano por situaciones similares, ilustran la transversalidad de este problema, que afecta a funcionarios de diversos niveles y afiliaciones políticas.
La Contraloría continuará con su labor fiscalizadora, y se espera que se generen propuestas para reformar el código administrativo y los mecanismos de control estatal, buscando agilizar los procesos sin vulnerar los derechos laborales fundamentales. La ciudadanía, por su parte, estará atenta a las sanciones y a la restitución de los fondos, exigiendo mayor probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El debate sobre el equilibrio entre la fiscalización y la protección de los derechos laborales seguirá siendo un punto central en la agenda pública y legislativa.
Fuente información: Rocío Gambra
El informe de la Contraloría detalla casos en los que funcionarios públicos han hecho uso de licencias médicas para viajar al extranjero, trabajar en otras actividades remuneradas o incluso para completar estudios fuera del país. En algunos municipios, como San Pablo, se han identificado al menos ocho personas que salieron del país estando con licencia médica. La Contralora Pérez, reconocida por su trabajo técnico y su apego a la legalidad, ha logrado estos avances mediante un cruce de información entre diversas bases de datos, utilizando las herramientas ya existentes en la legislación chilena. Este tipo de prácticas, calificadas como "micro-robos" o "robo hormiga" por algunos expertos, representan una pérdida significativa de recursos para el Estado, estimada en aproximadamente 300 millones de dólares, según el ministro Marcel.
Dorothy Pérez, quien asumió como la primera Contralora titular en 2024 tras un periodo como subrogante, ha sido elogiada por su labor en la detección de estas irregularidades. Su enfoque no ha sido crear nuevas normativas, sino aplicar y fortalecer las existentes para fiscalizar el correcto uso de los recursos públicos. La investigación de la Contraloría no solo busca identificar a quienes han incurrido en estas faltas, sino también establecer mecanismos para la restitución de los dineros y, en los casos que corresponda, el cese de funciones de los involucrados.
La magnitud del problema se agrava al considerar que el Estado paga directamente el sueldo de los funcionarios públicos con licencia médica, a diferencia de lo que ocurre con el sistema de ISAPRE o COMPIN. Esto implica que los fondos públicos están siendo directamente afectados por estas prácticas indebidas. Además, la Contraloría ha anunciado que esta fiscalización será un proceso anual y los resultados se harán públicos, lo que añade una capa de transparencia y presión para corregir el problema.
La discusión ha derivado en la necesidad de mejorar los mecanismos de fiscalización interna. Se ha planteado la posibilidad de utilizar la geolocalización de celulares, con el consentimiento de los individuos y en casos justificados de reposo médico completo, para verificar si los funcionarios realmente cumplen con las condiciones de su licencia. No obstante, este tipo de medidas debe ser evaluado cuidadosamente para no vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, ya que enfermarse es un derecho y una parte ineludible de la condición humana.
La situación de las licencias médicas fraudulentas se inserta en un contexto de descontento ciudadano con la clase política y la gestión pública. La percepción de un "desconexión" entre los políticos y las necesidades reales de la ciudadanía se ha acentuado, lo que se manifiesta en la alta irritación expresada en redes sociales frente a estos casos. Ejemplos como el del ex jefe de Subtel, quien estuvo 22 meses en sumario y renunció antes de que se resolvieran las implicancias de sus licencias médicas, o el caso del alcalde de Macul, desvinculado del partido Republicano por situaciones similares, ilustran la transversalidad de este problema, que afecta a funcionarios de diversos niveles y afiliaciones políticas.
La Contraloría continuará con su labor fiscalizadora, y se espera que se generen propuestas para reformar el código administrativo y los mecanismos de control estatal, buscando agilizar los procesos sin vulnerar los derechos laborales fundamentales. La ciudadanía, por su parte, estará atenta a las sanciones y a la restitución de los fondos, exigiendo mayor probidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. El debate sobre el equilibrio entre la fiscalización y la protección de los derechos laborales seguirá siendo un punto central en la agenda pública y legislativa.
Fuente información: Rocío Gambra
