Taxis colectivos anuncian movilización nacional para el 30 de julio
Diversas organizaciones de taxis colectivos, incluyendo a la CONTTRAMEN y la Alianza Gremial, han convocado a una movilización a lo largo de todo Chile para el próximo miércoles 30 de julio. La protesta responde a lo que los gremios califican como una "indiferencia sistemática" por parte del Ministerio de Transporte, sumada a la falta de publicación de los reglamentos clave de la Ley N° 21.553, conocida como "Ley Uber", y un alarmante aumento de la delincuencia que afecta a conductores y pasajeros.
Una nueva jornada de movilizaciones se perfila en el horizonte del transporte público nacional. Las principales organizaciones de taxis colectivos del país, agrupadas en entidades como la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONTTRAMEN) y la Alianza Gremial, anunciaron un llamado a paralizar sus funciones y manifestarse a nivel nacional el próximo miércoles 30 de julio, en una acción que busca visibilizar una serie de demandas incumplidas y la creciente precarización de su actividad.
El principal detonante de la protesta, según comunicaron los organizadores, es la "indiferencia del Ministerio de Transporte" frente a sus peticiones y la "exclusión sistemática" del gremio en el diseño e implementación de políticas públicas para el sector. Los dirigentes acusan promesas que no se han materializado y una falta de diálogo efectivo que ha agotado las instancias de negociación.
En el centro de sus reclamos se encuentra una exigencia regulatoria específica: la publicación inmediata de los reglamentos pendientes de dos leyes cruciales. Por un lado, la Ley N° 21.553, popularmente conocida como "Ley Uber", que busca regular el funcionamiento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Los colectiveros demandan que su reglamento establezca una fiscalización efectiva y condiciones equitativas de competencia. Por otro lado, también exigen la completa implementación de la Ley N° 21.692, normativa que moderniza el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros y que, según el gremio, requiere de sus reglamentos para ser plenamente operativa.
La seguridad se ha convertido en otro pilar fundamental de la convocatoria. Bajo el lema "¡No más silencio!", los transportistas denuncian un "alarmante aumento de asaltos, robos y 'portonazos'", crímenes que no solo ponen en riesgo la integridad física de los conductores, sino también la de los miles de usuarios que utilizan este servicio diariamente. Por ello, exigen al Gobierno la implementación de medidas concretas y eficaces que resguarden la seguridad en sus recorridos y terminales.
El petitorio del gremio se extiende a otras áreas consideradas vitales para su subsistencia. Solicitan la creación de subsidios permanentes destinados tanto a la modernización de la flota de vehículos como a la operación diaria, argumentando que los costos de combustible y mantenimiento hacen insostenible la actividad sin un apoyo estatal. Asimismo, demandan políticas públicas que reconozcan e integren al transporte menor como un actor relevante en el ecosistema de movilidad del país, terminando con lo que perciben como un abandono institucional. La movilización, enmarcada en la consigna "El transporte menor está en peligro", pretende ser un punto de inflexión para forzar respuestas concretas de la autoridad.
Fuente información: Agencia MI
Una nueva jornada de movilizaciones se perfila en el horizonte del transporte público nacional. Las principales organizaciones de taxis colectivos del país, agrupadas en entidades como la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (CONTTRAMEN) y la Alianza Gremial, anunciaron un llamado a paralizar sus funciones y manifestarse a nivel nacional el próximo miércoles 30 de julio, en una acción que busca visibilizar una serie de demandas incumplidas y la creciente precarización de su actividad.
El principal detonante de la protesta, según comunicaron los organizadores, es la "indiferencia del Ministerio de Transporte" frente a sus peticiones y la "exclusión sistemática" del gremio en el diseño e implementación de políticas públicas para el sector. Los dirigentes acusan promesas que no se han materializado y una falta de diálogo efectivo que ha agotado las instancias de negociación.
En el centro de sus reclamos se encuentra una exigencia regulatoria específica: la publicación inmediata de los reglamentos pendientes de dos leyes cruciales. Por un lado, la Ley N° 21.553, popularmente conocida como "Ley Uber", que busca regular el funcionamiento de las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT). Los colectiveros demandan que su reglamento establezca una fiscalización efectiva y condiciones equitativas de competencia. Por otro lado, también exigen la completa implementación de la Ley N° 21.692, normativa que moderniza el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros y que, según el gremio, requiere de sus reglamentos para ser plenamente operativa.
La seguridad se ha convertido en otro pilar fundamental de la convocatoria. Bajo el lema "¡No más silencio!", los transportistas denuncian un "alarmante aumento de asaltos, robos y 'portonazos'", crímenes que no solo ponen en riesgo la integridad física de los conductores, sino también la de los miles de usuarios que utilizan este servicio diariamente. Por ello, exigen al Gobierno la implementación de medidas concretas y eficaces que resguarden la seguridad en sus recorridos y terminales.
El petitorio del gremio se extiende a otras áreas consideradas vitales para su subsistencia. Solicitan la creación de subsidios permanentes destinados tanto a la modernización de la flota de vehículos como a la operación diaria, argumentando que los costos de combustible y mantenimiento hacen insostenible la actividad sin un apoyo estatal. Asimismo, demandan políticas públicas que reconozcan e integren al transporte menor como un actor relevante en el ecosistema de movilidad del país, terminando con lo que perciben como un abandono institucional. La movilización, enmarcada en la consigna "El transporte menor está en peligro", pretende ser un punto de inflexión para forzar respuestas concretas de la autoridad.
Fuente información: Agencia MI
